Se requiere un proyecto para la justicia digital, no foros


Miguel Ángel Gómez Ruiz

Nota de opinión

La sola idea de que la presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz (TSJEV), Sofía Martínez Huerta dicte una conferencia sobre la justicia digital en la entidad suena a burla, pues el estado de Veracruz tiene un enorme rezago en esa materia.

Aunque usted no lo crea, es verdad, la presidente participará en un foro virtual que organiza una universidad privada en el puerto de Veracruz. A buen santo se arrimaron los directivos de ese plantel.

El tema que manejará se titula “Visión prospectiva hacia la justicia digital”. El tema provocó sorpresa y hasta curiosidad, pues hay quien se pregunta si la titular del Poder Judicial podrá hilar palabras durante cuarenta minutos ante la comunidad escolar, abogados e invitados.

En su gestión, pocos esperan que se aplique la justicia vía digital.

Inutilidad e incapacidad

Antes de la epidemia de Covid-19 que provocó el paro de más de seis meses en el Poder Judicial y ante las anomalías que ha habido en su administración, Martínez Huerta no tenía idea siquiera, de lo que significaba la justicia a distancia.

Veracruz, que es uno de los cinco estados más pobres del país, apenas superado por Michoacán, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, forma parte de un grupo de catorce estados en los que no hay siquiera un proyecto para implementar la justicia por la vía digital.

La razón es muy sencilla. Sofía Martínez Huerta, que formó –literalmente- parte de una tómbola de trece aspirantes a ser convertidos en magistrados a finales de octubre del año pasado, no pasó de ser secretaria en un juzgado municipal en el que naufragó por muchos años. Un mes después de ser ungida magistrada, fue impuesta por su primo Manuel Huerta, el gobernador Cuitláhuac García y Juan Javier Gómez Cazarín, que se cree dueño del Congreso local y desde allí comenzó la tragedia que vive el Poder Judicial.

Auxiliada por su pareja sentimental, Dionisio Gutiérrez García, logró finalizar una carrera en derecho y de allí, no logró mucho, pero sí fue parte de un proyecto tanto del gobierno del estado y los diputados locales de Morena, que son mayoría en el Congreso veracruzano.

Es cierto y aunque le duela a sus aplaudidores, Sofía Martínez Huerta no tiene capacidad para ser presidente del Poder Judicial, eso se lo dejaron muy claro sus compañeros del Consejo de la Judicatura, que en un mitin le despidieron a varias de las personas que había impuesto.

Existe la sospecha de malos manejos desde que asumió la presidencia y lo que es peor, podría haber una auditoría si así lo disponen sus compañeros de la Judicatura, todo ello impulsado por Humberto Hernández Reducindo, un sujeto que impusieron el titular de la Junta de Coordinación Política Juan Javier Gómez Cazarín y Sergio Hernández, panista apegado a Morena y que en algún momento fue jefe del ahora representante del Poder legislativo en el citado consejo.

Que hagan su trabajo

Lo que es cierto es que se requiere de una gran organización en el Poder Judicial, pero no para robar o hacer como se trabaja. Se requiere de alguien que tenga capacidad. Es triste decirlo, pero Sofía Martínez Huerta no tiene la capacidad, no tiene el conocimiento ni el sentido de organización para sacar adelante un encargo tan delicado como lo es la administración de la justicia en Veracruz.

Hasta ahora sólo ha sido una figura decorativa, acude –aún con sus limitaciones físicas- a eventos con el gobernador o cuando viene el presidente, pero fuera de allí parece más un adorno al interior del Poder Judicial.

Distintos foros y organizaciones de abogados han externado sus quejas no sólo por la parálisis por más de seis meses, sino porque no ven que en un futuro cercano se cumpla el objetivo de aplicar la justicia por la vía digital, esto ante el riesgo de que la pandemia se extienda durante gran parte de 2021.

Hasta ahora la presidente ha tenido suerte, pues a regañadientes cuenta con el apoyo del gobernador Cuitláhuac García y también de algunos abogados que gustan de lamer suelas, como el caso de Braulio Terán, uno de sus principales defensores, líder de un Colegio de abogados. Pero siempre hay un momento en que la suerte se acaba.

En lugar de organizar foros, lo que debe haber es un proyecto serio, definido para saber qué se requiere para aplicar la justicia vía digital y que los diputados locales, que no saben de leyes, se limiten a aprobar el recurso necesario y, finalmente, que cuando el recurso llegue al Poder Judicial, no se lo roben.

Apunte final. Antes que critique a reporteros sobre las preguntas que le realizan al recomendarles que conozcan la ley, la primera que debe estudiar es Sofía Martínez Huerta. Un ejemplo, debería ser estudiar la Ley de Amparo, sería un buen inicio.