Aprueban diputados su código de ética; prometen no llegar ebrios o tomar tribuna

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La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 318 votos a favor, 26 en contra, y 35 abstenciones, el dictamen que adiciona una fracción al artículo 8 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y expide el Código de Ética de la Cámara de Diputados.

El código de ética prohibe que los legisladores lleguen ebrios, tomen la tribuna o pronuncien groserías en sus discursos.

En lo particular, el Pleno avaló, con 287 votos a favor, 45 en contra, y 33 abstenciones, los artículos 6, 9, 12, 14 y 17, en términos del dictamen.

Para fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, Jorge Triana Tena, refirió que de acuerdo con una encuesta de 2015, los diputados y senadores tienen una calificación de apenas 5.2 en una escala de 10, y reconoció que ha habido “excesos y abusos” de muchos congresistas a lo largo de varias legislaturas.

Señaló que se tiene la obligación de actuar, pues peligra la legitimidad como Congreso. Es imperativo contar con un código deontológico de principios y preceptos a seguir que, paradójicamente no existe para efectos del Poder Legislativo.

Explicó que se propone un Comité de Ética, que trabajará en conjunto con la Mesa de Decanos para calificar la conducta de los legisladores, bajo cinco principios básicos rectores de nuestra conducta: legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

Este es un despliegue de un catálogo de conductas que podrá ser sancionado, habrá tiempos y procedimientos claros de desahogo, amonestaciones públicas o privadas, posibles remociones de las comisiones y los cargos internos, incluso, descuento a dietas en los términos que marca la Constitución Política.

Mencionó que todo ciudadano, bajo su propia responsabilidad, podrá presentar una denuncia por la violación al código de conducta a la Mesa Directiva. Aclaró que el dictamen no contraviene el artículo 61 constitucional que “claramente dice que los legisladores somos inviolables en nuestras opiniones”.

Turnado para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el dictamen indica que el Código de Ética tiene por objeto establecer normas que regirán la actuación de las y los diputados del Congreso de la Unión, y el procedimiento para su cumplimiento será obligatorio para los legisladores.

Su aplicación, en ninguna circunstancia, obstaculizará el fuero constitucional, ni impedirá el libre ejercicio de sus derechos a los diputados, así como la libre manifestación de sus ideas y libertad de expresión.

Los diputados están constreñidos al cumplimiento de los siguientes principios que deberán observar en el desempeño de su encomienda pública.

De legalidad, que se materializa en la ética parlamentaria cuando los legisladores cumplen funciones destinadas a satisfacer el interés público; denuncian ante las autoridades correspondientes, los actos de los que tuvieran conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones; previenen e investigan los hechos que atentan contra la ética pública.

Eficiencia, cuando se abstienen de presentarse en el recinto cameral en estado de ebriedad o bajo influjo de enervantes, y ausentarse sin justificación de las sesiones.

También de obstruir el desarrollo normal de las sesiones del Pleno o de las comisiones a través de la interrupción de los oradores, la usurpación de los lugares de la Mesa Directiva, la alteración del orden por medio de exclamaciones soeces o altisonantes, o cualquier otra que pretenda obstruir u obstruya el desarrollo normal de las sesiones.

La honradez se cumple cuando se abstienen de incurrir en actos de corrupción o conflicto de intereses; omiten efectuar gestiones ajenas a su labor parlamentaria ante entidades del Estado en el ejercicio de sus funciones.

El principio de lealtad se materializa al tiempo que mantienen un trato solidario, de respeto, de consideración, de cooperación y de lealtad mutua acorde con su investidura, y en todo momento desempeñar una conducta intachable y transparente tanto en su vida pública como privada.

Deben lealtad al pueblo, a las instituciones y al mandato constitucional por el cual han sido elegidos y actúan con responsabilidad, protegiendo los intereses nacionales.

La imparcialidad se cristaliza cuando se abstienen de pretender trato preferencial alguno al realizar trámites personales o familiares ante entidades públicas o privadas; cuando emplean criterios de equidad para la formulación de leyes y la toma de decisiones en general.

O bien, se abstienen de realizar actos discriminatorios en su actividad legislativa ni con las personas en general, y observan una conducta digna y decorosa, actuando con sobriedad y moderación.

Fuente: Cámara de Diputados/