Sospechoso desarme de policías municipales en Orizaba

  • Federación Nacional de Alcaldes y líderes de organizaciones civiles piden que se actúe conforme a derecho y se dejen de lado temas político-electores.


Miguel Ángel Gómez Ruiz

El pasado 9 de febrero, el empresario Juan Manuel Diez Francos, se registró como precandidato a la alcaldía de Orizaba, municipio que ya ha gobernado en dos ocasiones.

No sólo eso, con su visión empresarial logró transformar la ciudad, convirtiéndola en un destino turístico, además de una ciudad limpia y con una de las mejores corporaciones policíacas del país.

Cuatro días después de su registro, policías estatales, acompañados de elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tomaron las instalaciones de la policía municipal y ordenaron que los 389 elementos municipales se concentraran en Xalapa. Les quitaron sus armas. Se dice que a su jefe lo torturaron.

Todo eso ocurrió, se cree, debido a que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) habían capturado a dos peligrosos sujetos en una zona cercana a la ciudad. Poco después, un grupo armado atacó las instalaciones de la corporación estatal, matando a dos elementos allí y el otro murió después, en un hospital.

Sin embargo, el gobierno del estado está cometiendo un atropello al desarmar y casi desintegrar a una de las mejores policías del país. Sobre todo, es extraño que esto ocurra a unos meses de las elecciones en las que se renovarán la Cámara de diputados, el congreso local y 212 alcaldías.

La acción vista por los presidentes municipales que integran la FENAMM, dirigentes de partidos políticos y hasta dirigentes de organizaciones civiles parece una “medida dictatorial”, así como un atropello a un municipio en el que ha habido buenos resultados en materia de seguridad.

A continuación, un párrafo de la carta que enviaron distintas organizaciones civiles entre las que se encuentran Causa en Común, México Evalúa, México Unidad Contra la Delincuencia, Red Nacional de Profesionistas en Seguridad Pública, entre otras:

“Sin prejuzgar sobre responsabilidades específicas asociadas a estos graves acontecimientos, no es admisible que tenga lugar una acción de esta magnitud, sin cumplir con los procesos de investigación e intervención que marca la ley. Es además importante recordar que el municipio de Orizaba ha logrado importantes avances, todos ellos acreditables, en materia de administración, seguridad y justicia. Por ello, debe brindarse la información necesaria que explique y justifique semejante operativo federal. No vaya a ser que las motivaciones hayan sido, no de seguridad, sino de orden político. Desde luego, nos unimos a la exigencia de encontrar y castigar a quienes mataron a los policías estatales”.

Concluyen que la seguridad pública no se construirá con operativos militares, ni regresando al ejército a las calles. Insisten en que todo debe resolverse por la vía civil, partiendo del rescate y desarrollo de las policías municipales.

Los representantes de partidos políticos exigen que el gobierno del estado no se entrometa y por el contrario, que respete la autonomía del municipio y que deje de entrometerse en el proceso electoral, sobre todo si lo que quieren es sacar algún beneficio de todo eso.

Policías municipales y sus familiares temen que se les quiera responsabilizar por los hechos en que murieron tres elementos de la SSP estatal. Aseguran que no tuvieron nada qué ver.

Por su parte, el presidente municipal de Orizaba, Igor Rojí, confía en que sus policías reasumirán el mando próximamente y lamentó que las acciones que se dieron tengan el tinte político del que otros hablan, tras reconocer que vienen elecciones.

De momento, la SSP es la que tiene el control de la seguridad en el municipio.